Actualización - Caso Guapinol - Justicia para Juan López y el Parque Nacional Carlos Escaleras

Actualización - Caso Guapinol - Justicia para Juan López y el Parque Nacional Carlos Escaleras

1 de julio de 2025

Contexto

Desde 2014, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa ha venido denunciando la imposición de un megaproyecto minero en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, operado por las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek, parte del conglomerado “Emco Holdings”, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé y registrado en los Estados Unidos. Este proyecto, autorizado de forma irregular por diversas instituciones del Estado, representa una grave amenaza a los ecosistemas, a las fuentes de agua y a los derechos de las comunidades locales, quienes han rechazado repetidamente el proyecto a través de asambleas públicas y cabildos abiertos desde 2016.

Denuncia de campaña de difamación en redes sociales:

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció el 18 de mayo de 2025 una campaña sistemática de estigmatización impulsada desde la página de Facebook “Las Noticias de Colón”, dirigida por Héctor Madrid. Esta campaña busca criminalizar la labor del Comité y desviar la atención de los procesos judiciales en curso contra la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek y funcionarios públicos implicados.

Se alertó que estas acciones forman parte de una estrategia usada para desprestigiar la lucha ambiental y obstaculizar las demandas de justicia por el asesinato del defensor Juan López. El Comité exige una investigación y sanción a los responsables de estas campañas de odio que siguen operando con impunidad.

Justicia para Juan López

Audiencia preliminar pospuesta:

La audiencia preliminar contra tres presuntos autores materiales del asesinato del defensor Juan López, originalmente programada para el 3 de junio de 2025, fue pospuesta a solicitud del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, debido a que el Ministerio Público aún no ha finalizado los informes periciales sobre el análisis de datos telefónicos, los cuales son fundamentales para el avance del proceso penal.

La audiencia ha sido reprogramada para el 14 de agosto de 2025, fecha que coincide con el onceavo mes aniversario del asesinato de Juan López, lo que representa una carga emocional significativa para su familia y para las comunidades que continúan exigiendo justicia.

La audiencia tendrá lugar en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, y esperamos que haya transmisión en vivo a través de las redes sociales del Poder Judicial de Honduras. ¡Acompáñenos en la medida de sus posibilidades!

Acciones de memoria y exigencia:

Ocho meses después de su asesinato, más de 250 organizaciones enviaron una carta al Estado hondureño exigiendo justicia para Juan López. La carta expresaba preocupación por la falta de avances y la situación de inseguridad que seguían padeciendo los defensores en la zona, así como por el avance de las actividades mineras en la zona en contra de la voluntad de la población.

Como parte del compromiso continuo con la búsqueda de justicia por el asesinato del defensor Juan Antonio López, y con el objetivo de mantener viva su memoria y legado, se han comenzado a coordinar diversas acciones públicas y comunitarias en los próximos meses que forman parte de una estrategia colectiva de memoria, verdad y justicia.

Estas iniciativas buscan no solo rendir homenaje a su vida, sino también seguir exigiendo justicia integral, incluyendo la captura y judicialización de los autores intelectuales del crimen.

Entre las acciones planificadas se encuentran:

●      Peregrinación por la justicia para Juan LópezConvocada por la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, se realizará el 14 de julio de 2025 frente a las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa. Esta acción pública tendrá un carácter espiritual y político, exigiendo avances concretos en la investigación del caso.

●      Institución del “Premio Juan Antonio López”A partir de septiembre de 2025, la Conferencia Episcopal de Honduras entregará anualmente este reconocimiento a personas defensoras de la justicia social y del medio ambiente, como una forma de preservar el legado ético, espiritual y la lucha de Juan López.

●      Podcast: La vida pende de un hilo

El 4 de agosto se lanzará oficialmente y el 25 de agosto, se emitirá el capítulo 2, dedicado a Juan, su lucha y los procesos que acompañaba, además de evidenciar lo que pasa en la zona del Aguán y el Parque.

●      Inclusión del caso en la campaña global “Escribe por los Derechos” (Write for Rights) de Amnistía InternacionalEsta inclusión estratégica permitirá visibilizar el caso a nivel internacional y sumar voces desde distintas partes del mundo en la exigencia de justicia. Más detalles sobre esta campaña serán anunciados próximamente.

Procesos judiciales relacionados con las demandas de justicia para el Parque Nacional Carlos Escaleras

Proceso penal de ejecutivos de Pinares/Ecotek por daños en Parque Nacional Carlos Escaleras:

El 13 de mayo de 2025, un juez de Jurisdicción Nacional dictó auto de formal procesamiento contra tres altos ejecutivos de las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek por delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados al Parque Nacional Carlos Escaleras. Los procesados son Víctor Lorenzo Bernárdez (representante legal), Fernando Padilla (superintendente de medio ambiente) y Douglas Alvarenga (superintendente de minas). El presidente de las empresas, Lenir Pérez, se encuentra prófugo en Estados Unidos.

La decisión judicial se basa en pruebas contundentes, incluyendo testimonios de la ATIC, peritajes técnicos, dictámenes ambientales y documentos oficiales, que demuestran que los ejecutivos supervisaron actividades ilegales como la construcción de infraestructura sin permisos y la explotación minera no autorizada, causando graves daños al ecosistema protegido.

El juez reconoció la posible colusión entre autoridades públicas y la empresa, y desestimó argumentos de la defensa que culpaban a las comunidades locales. Aunque se solicitó prisión preventiva, se impusieron medidas cautelares alternativas debido a la fianza millonaria.

El proceso judicial ocurre en un contexto preocupante, pues el Congreso Nacional discute una reforma legal que podría eliminar la obligación de estudios de impacto ambiental, poniendo en riesgo la protección ambiental y la rendición de cuentas.

Las comunidades, organizaciones ambientales y personas defensoras de derechos humanos, junto con la memoria del defensor asesinado Juan López, continúan exigiendo justicia y protección para el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Proceso Penal por Fraude y Uso de Documentos Falsos:

En abril de 2025, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra:

-        José Ernesto Vindel Wainwright - apoderado legal de Ecotek, también representa a la empresa Asecoah, contratada por el Estado para elaborar estudios de impacto ambiental. Asecoah realizó el estudio para la polémica cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, un proyecto cuestionado por sus graves impactos ambientales. Asecoah tiene vínculos directos con Grupo Emco, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, lo que muestra cómo Vindel opera como pieza clave en una red empresarial que impulsa megaproyectos en distintos sectores estratégicos del país, muchas veces ignorando derechos ambientales y comunitarios.

-        Kenia Patricia Cortés - exapoderada legal de Inversiones Los Pinares a nombre del bufete internacional Aczalaw, una firma jurídica de alto perfil con fuertes vínculos con sectores empresariales y políticos en Honduras, fundado en 2002 por Carlos López Contreras, canciller del gobierno de facto tras el golpe de Estado de 2009, ex-embajador ante países europeos, y ex-representante de Honduras ante la Corte Internacional de Justicia y Armida Villela, Designada Presidencial durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002–2006) cuyo hermano Miguel Ángel Villela Meza, fue condenado por delitos de narcotráfico en Colombia

-        Norma Agripina García - secretaria municipal de la Alcaldía de Tocoa, es una figura clave dentro de la estructura político-administrativa que ha respaldado el megaproyecto minero en el municipio. Su cercanía con el alcalde Adán Fúnez, de quien es colaboradora directa y de confianza, ha sido fundamental para facilitar acciones administrativas irregulares. Según la investigación, fue ella quien falsificó los documentos en cuestión, que luego fueron utilizados con conocimiento previo de su ilegalidad por los representantes legales de las empresas para obtener los permisos necesarios para operar.

Los hechos se centran en la adulteración de un acta de cabildo abierto realizada en 2016, utilizada por las empresas mineras para obtener licencias ambientales ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a pesar de que las comunidades afectadas nunca dieron su consentimiento. Desde 2016, se han documentado al menos ocho expresiones populares de rechazo al megaproyecto minero impulsado por Emco Holdings.

La Fiscalía sostiene que los tres imputados actuaron de forma coordinada para presentar esta documentación falsa como requisito para obtener permisos clave del proyecto. En mayo de 2023, la ATIC decomisó el acta falsificada en los archivos de SERNA, confirmando la denuncia presentada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Tras la audiencia inicial, la jueza competente dictó auto de formal procesamiento contra los tres imputados, reconociendo la seriedad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Este caso es emblemático porque demuestra cómo acciones fraudulentas permitieron la instalación y operación ilegal del megaproyecto, lo que posteriormente derivó en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato del defensor Juan López, quien denunció estos hechos antes de ser asesinado en septiembre de 2024.

Ilegalidades y complicidad institucional denunciado a traves de recurso de amparo:

El 18 de junio de 2025, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa presentó un recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta acción legal denuncia omisiones y actos de autoridades municipales y del gobierno central que han vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, la participación ciudadana, el derecho al agua, al medio ambiente sano, a la salud y a la dignidad humana.

El recurso señala, entre otras violaciones, que INHGEOMIN avaló una concesión minera sin respetar el rechazo comunitario expresado en cabildo abierto; que SERNA permitió el avance del proyecto sin licencia ambiental; y que la Alcaldía de Tocoa Adan Funes otorgó permisos a la empresa Pinares/Ecotek pese a la oposición comunitaria y las graves consecuencias sociales y ambientales, incluyendo el asesinato del defensor Juan López.

Previamente, el 23 de mayo de 2025, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), bajo el liderazgo del ministro Lucky Medina, se niega a resolver la Oposición Ciudadana contra la solicitud de Licencia Ambiental Funcional para la Planta Peletizadora de Ecotek, cuyo contrato minero venció en diciembre de 2024 y no puede renovarse legalmente.

Se señaló que Ecotek nunca ha tenido licencia ambiental, ha incumplido los términos del contrato con INHGEOMIN, y ha utilizado documentación falsificada, lo cual es objeto de un proceso penal en curso.

Es mas, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció la resolución emitida por INHGEOMIN el 14 de mayo de 2025, que rechaza la oposición comunitaria a la renovación del contrato minero del proyecto “La Ceibita” (que corresponde a la planta peletizadora), operado por ECOTEK.

La resolución legitima un contrato plagado de irregularidades, incluyendo el uso de documentación falsa, la ausencia de licencia ambiental funcional y la operación de la planta en un sitio no autorizado. Además, desconoce el derecho de las comunidades a oponerse y la voluntad expresada en cabildo abierto en 2019.

El Comité exige la revocación inmediata de la resolución, el cierre de la planta peletizadora y justicia para las comunidades afectadas y criminalizadas por defender su territorio. En respuesta, en lugar de asumir la responsabilidad y corregir la situación, INHGEOMIN exigió al Comité que retractara su denuncia, en un intento por deslegitimar y socavar las demandas y la lucha legítima de las comunidades.