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Juezas denunciadas por abuso de poder tras sentencia arbitraria que rechaza la protección del ambiente en Tocoa

Con las denuncias penales presentadas hoy ante la Fiscalía Especial Para Servidores del Sector Justicia y la Inspectoría de Tribunales. la Juez ZOE GUIFARRO del Juzgado de Letras de Tocoa y las Magistradas VIANEY CRUZ RECARTE, IBETH ALBERTINA BENÍTEZ ERAZO y DILIA IRASEMA GUILLEN SÁNCHEZ de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba deben ser investigadas y sancionadas por los delitos de denegación de justicia y prevaricato judicial a raíz de sus fallos emitidos el 1 y 23 de abril de 2024, respectivamente, que violan a sabiendas los derechos fundamentales a un ambiente sano y el derecho al agua de la población del municipio de Tocoa.


El 1 de abril, la jueza Guifarro dictaminó “no ha lugar” al amparo presentado por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) en enero en respuesta a la nueva convocatoria de cabildo abierto del alcalde Adán Funes en relación a la implementación de una termoeléctrica a base de coque de petróleo, parte del megaproyecto minero de la empresa Emco Holdings de Lenir Perez y Ana Facusse operando en Tocoa. 


El 23 de abril, la Corte de Apelaciones de La Ceiba confirmó la sentencia, emitiendo una resolución definitiva contra el amparo, sin tomar en cuenta las pruebas fundamentadas aportadas por el CMDBCPT, y del llamado de organizaciones expertas para que se respeten las normas y obligaciones internacionales en el fallo definitivo. Es más, el CMDBCPT, haciendo referencia al artículo 68 de la Ley Constitucional, solicitó que la sentencia fuera estudiada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema antes de emitir la sentencia definitiva, debido a su complejidad e impacto, pero la Corte de Apelaciones Segunda de La Ceiba se negó a atender la solicitud demostrando una vez más su abuso de autoridad.


El 9 de diciembre de 2023, las y los ciudadanos del Municipio de Tocoa se reunieron en enormes números para rechazar la implementación del proyecto termoeléctrico de coque de petróleo, un elemento más del megaproyecto minero de Emco Holdings en la zona que ha que ha sido implementado ilegalmente y sin consecuencias, ya que la empresa no ha obtenido los permisos medioambientales necesarios y la SERNA no ha hecho nada para detener su construcción. El Alcalde Adán Funes ha expresado que el proyecto es para proveer de la tan necesaria energía eléctrica a Tocoa, pero los propios documentos de la empresa demuestran que la mayor parte de la energía producida por el proyecto termoeléctrico de coque de petróleo altamente contaminante es para garantizar energía para procesar los metales extraídos a través de la minería a cielo abierto. 


Con la acción de hoy, el Comité Municipal exige que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar y llevar ante los tribunales a las juezas que siguen dictando fallos arbitrarios para favorecer a Lenir Pérez y Ana Facusse. En consecuencia, se debe desestimar de inmediato el fallo ilegal y aplicar la ya expresada decisión del pueblo de Tocoa de decidir “NO” al proyecto. 


Cabe resaltar que tanto la Juez ZOE GUIFARRO como la Magistrada DILIA IRASEMA GUILLEN SÁNCHEZ han sido denunciadas anteriormente por sus fallos relacionados con la detención ilegal de ocho defensores del agua por más de 900 días entre 2019 y 2022. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU resolvió que el encarcelamiento de los defensores era arbitrario y ordenó que se investigara y sancionara a los responsables del mismo, entre los que deberían estar estas miembras del Poder Judicial, pero hoy, más de dos años después, el Estado hondureño no lo ha hecho. Es más, el Estado hondureño no ha reconocido las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - MC 137-2023 - para beneficiar a 30 personas defensoras del colectivo del Comité Municipal y su equipo legal, y mucho menos ha implementado siquiera las medidas mínimas para garantizar su seguridad física y ambiental. 


Señalamos, además, que la persistencia del Ejecutivo en no publicar el decreto 18-2024 para proteger los parques nacionales de la minería es una decisión que está dejando en riesgo a muchas personas defensoras y a la misma Montaña de Botaderos.


Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa

29 de abril de 2024, Tegucigalpa, Francisco Morazan


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