Honduras: Observatorio Internacional «Justicia para Juan López y el Parque Nacional Carlos Escaleras» emite acción urgente ante audiencia de Lenir Pérez
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HONDURAS: Representantes legales de comunidades que defienden sus territorios
enfrentan un ambiente de intimidación y amenazas de cara a una audiencia crítica
programada para el 9 de abril de 2026 en Tegucigalpa. La audiencia se refiere a cargos penales contra Lenir Pérez, un ejecutivo senior de Emco Pinares/Ecotek, una empresa minera vinculada a un conflicto prolongado marcado por alegaciones de violencia, intimidación y represión contra personas defensores de derechos humanos en la región del Bajo Aguán. Esta lucha más amplia por la defensa de la tierra y el territorio ya ha resultado en pérdidas de vidas, incluido el asesinato del defensor ambiental Juan López en 2024. Se insta con urgencia a la comunidad internacional a monitorear de cerca estos procedimientos y a tomar todas las medidas disponibles para ayudar a garantizar la seguridad de las personas defensoras locales de derechos humanos.
Personas defensoras ambientales y de derechos humanos bajo amenaza en
Honduras: Llamado a la atención internacional sobre la audiencia del 9 de abril de 2026 en el Caso Contra Lenir Pérez ante el Tribunal de Jurisdicción Nacional, Tegucigalpa
I. Introducción
Escribimos con grave preocupación para llevar a la atención de la comunidad internacional una situación de riesgo serio y continuo para personas defensoras de derechos humanos, representantes legales y miembros de la comunidad en la región del Bajo Aguán de Honduras. El día 9 de abril de 2026 está programa una audiencia decisiva ante el Tribunal Nacional de Jurisdicción para Asuntos de Crimen Organizado, Medio Ambiente y Corrupción, Francisco Morazán, en Tegucigalpa, en el caso penal contra Lenir Pérez, Presidente de Grupo Emco Holdings, cuya empresa, a través de sus operaciones mineras dentro de un parque nacional protegido, ha sido el foco de años de violencia, criminalización y represión documetnada contra miembros del Comité
Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y sus aliados.
Esta carta documenta las condiciones alarmantes observadas durante la audiencia más reciente, llevada a cabo el 27 de marzo de 2026, y llama a la comunidad internacional a observar los procedimientos del 9 de abril con la máxima urgencia. El ambiente de intimidación que rodeó la audiencia del 27 de marzo no es un incidente aislado, sino una manifestación reciente de un patrón sistemático de amenazas y violencia contra aquellos que defienden derechos territoriales y ambientales en el Bajo Aguán.
II. Antecedentes:
El Proyecto Minero y la Historia de Violencia Contra Defensores de
Derechos Humanos El Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, ubicado en el Departamento de Colón de Honduras, forma parte esencial del Corredor Biológico Mesoamericano y sirve como la cuenca hidrográfica principal para comunidades en todo el valle del Bajo Aguán. Durante años, comunidades organizadas bajo el CMDBCPT han defendido este territorio contra la incursión de intereses extractivos, específicamente las operaciones mineras de la empresa Pinares/Ecotek, vinculada a Grupo Emco Holdings y su presidente, Lenir Pérez.
Las operaciones de la empresa dentro del parque protegido se realizaron sin las autorizaciones ambientales y legales requeridas e incluyeron la construcción de carreteras en la zona núcleo del parque, extracción de minerales, instalación de una planta de trituración y vertedero de residuos, y otras obras que han causado daños extensos al ecosistema y cuenca hidrográfica circundante.
Estos hechos fueron establecidos formalmente en procedimientos judiciales que llevaron a la histórica acusación penal de tres ejecutivos senior de Pinares/Ecotek en mayo de 2025. Estos procedimientos representan la primera vez que ejecutivos senior de una empresa minera enfrentan procesamiento penal por crímenes ambientales en Honduras. El juez caracterizó el caso como emblemático e identificó indicios de colusión entre la empresa y funcionarios públicos.
El costo humano de esta lucha ha sido devastador. En 2024, Juan López, líder fundador del CMDBCPT y defensor de derechos humanos reconocido internacionalmente, fue asesinado. Su asesinato generó condena internacional y trajo atención global al ambiente mortal en el que operan los defensores ambientales en el valle del Bajo Aguán. López había sido una figura central en esfuerzos para hacer responsable legalmente a la empresa minera y era él mismo beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su
asesinato permanece envuelto en impunidad, como también los casos de otras personas defensoras que han sido amenazadas, atacadas o asesinadas en conexión con esta lucha.
Las medidas cautelares de la CIDH otorgadas en 2023 a favor de miembros del CMDBCPT permanecen vigentes hasta hoy. Este hecho por sí solo habla mucho: el riesgo que dio origen a esas medidas no ha disminuido. Es en este contexto de impunidad continua, medidas cautelares activas y el asesinato de prominentes defensores de derechos humanos que los eventos de la audiencia previa llevada a cabo el 27 de marzo de 2026 deben entenderse.
III. La Audiencia del 27 de Marzo
Después de muchos retrasos en la programación de su audiencia preliminar, Lenir Pérez finalmente compareció ante el tribunal el 27 de marzo de 2026. Es importante resaltar que los abogados del Bufete de Justicia para los Pueblos, quienes representan al CMDBCPT como acusadores privados y también son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, reportaron que se sintieron amenazados por el consorcio de representantes de Ecotek que inundó el tribunal para la audiencia.
El Bufete describió el ambiente del tribunal como amenazante e incompatible con el ejercicio seguro de sus funciones legales. Este ambiente contribuye a un patrón que eleva significativamente el riesgo físico para personas defensoras, presentantes legales y miembros de la comunidad que deben estar presentes en la audiencia del 9 de abril de 2026.
IV. Contexto más amplio: impunidad e incertidumbre política
La audiencia del 9 de abril no tiene lugar en el vacío. Viene a raíz de una transición presidencial en Honduras, aumentando las preocupaciones sobre presión política en un sistema judicial ya frágil. Esas preocupaciones han sido reforzadas por el rápido juicio político y remoción del Fiscal General Johel Zelaya y la renuncia forzada de la Presidenta de la Corte Suprema Rebeca Obando— movimientos que críticos argumentan eludieron el debido proceso para consolidar poder. Estos desarrollos señalan un panorama político cambiante cuyas implicaciones para la justicia en Honduras aún no pueden ser completamente evaluadas pero merecen un serio seguimiento.
Los procedimientos legales que rodean el proyecto minero de Tocoa ya han demostrado la capacidad de intereses económicos y políticos para obstruir la justicia: un recurso presentado por la defensa contra las acusaciones de mayo de 2025 paralizó la audiencia preliminar por meses; audiencias posteriores han sido repetidamente reprogramadas a solicitud de la defensa; y el mismo Lenir Pérez no compareció hasta que su orden de arresto fue levantada, permitiéndole regresar a Honduras desde el extranjero. Los retrasos sustanciales y contratiempos procesales en este caso
generan preocupaciones sobre la influencia de intereses poderosos en retrasar y evadir la rendición de cuentas.
Mientras tanto, los casos de Juan López y otras personas defensoras perjudicadas en conexión con esta lucha permanecen en un estado de impunidad especialmente los autores intelectuales. Las medidas cautelares de la CIDH permanecen vigentes como reconocimiento de que la amenaza es real y presente.
V. LLAMADO A LA ACCIÓN
A la luz de la intimidación documentada en la audiencia del 27 de marzo y el ambiente persistente de riesgo que rodea este caso, llamamos urgentemente a la comunidad internacional, incluyendo estados, misiones diplomáticas acreditadas en Honduras, mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, organismos regionales de derechos humanos y organizaciones internacionales de la sociedad civil, a extender todas las formas disponibles de apoyo y atención a la audiencia del 9 de abril de 2026 ante el Tribunal de Jurisdicción Nacional en Tegucigalpa.
Específicamente, llamamos a actores relevantes a:
• Solicitar al Tribunal transmitir en vivo la audiencia del 9 de abril y garantizar la transmisión disponible para visualización externa(1);
• Solicitar al gobierno hondureño que garantice que el Mecanismo Nacional de Protección coordine de manera directa y efectiva con las personas beneficiarias (el Comité y BJP), con el fin de adoptar medidas de protección integrales, adecuadas, oportunas y eficaces antes, durante y después de la audiencia.; y
• Asistir presencialmente a la audiencia en representación de su país y/u organización.
Las comunidades de la región del Bajo Aguán, y aquellos que han elegido estar con ellas, enfrentan gran riesgo personal y merecen nada menos que el respaldo completo de la solidaridad internacional. El 9 de abril de 2026 es un momento de particular peligro, y una oportunidad para que la comunidad internacional brinde un respaldo a los derechos humanos, acceso a la justicia y protección de defensores ambientales.
Contactos:
Abg. Dunia Pérez Rodríguez, email: dunia@eric-sj.org
Prof. Camilo Sánchez, email: csanchez@law.virginia.edu
Abg. Luis David Aldana, email: LAldana@cejil.org (1) Las solicitudes deben ser remitidas al Abg. Alejandro Caballero, Coordinador del Juzgado con Competencia Nacionalen
Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, Francisco Morazán.
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