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#Alerta: Defensor Arnol Alemán del Sector San Pedro es detenido y traslado ilegalmente al Juzgado

En medio de un clima de persecución contra las personas defensoras del agua en el Bajo Aguán, la Policía Nacional continúa hostigando al defensor Arnol Alemán del Sector San Pedro, al trasladarlo hoy al Juzgado de Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula tras su detención ilegal en una posta policial de Tela anoche. El defensor, quien pasó 899 días en detención arbitraria tras ser criminalizado en dos procesos penales por el Estado de Honduras e Inversiones Los Pinares en 2018, cuenta con carta de libertad desde febrero de 2022.


16 de agosto de 2023


El defensor del agua ARNOL ALEMAN del Sector San Pedro ha sido detenido ilegalmente por la policía de Tela y ahora mismo está siendo trasladado a los Juzgados de San Pedro Sula, a pesar de contar con una carta de libertad del 2 de febrero de 2022 y otra del 2 de marzo de 2022 tras pasar 899 días en detención preventiva arbitraria por su defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras.


El defensor Arnol Alemán viajaba con su familia por Tela alrededor de las 8 de la noche del 15 de agosto cuando fue detenido en un puesto policial. Abusando de su poder, la autoridad estatal amenazó con trasladarlo a los Juzgados de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula. En mayo de 2022, también fue detenido indebidamente por la policía y retenido a pesar de haber presentado su carta de libertad a las autoridades.


Alemán, junto a otras 31 personas, fue criminalizado en 2018 por el Estado de Honduras y la empresa minera Inversiones Los Pinares por su legítima defensa de los ríos y montañas amenazados por el megaproyecto minero del Grupo Emco de Ana Facussé y Lenir Pérez. Enfrentó dos procesos penales; uno por los delitos de usurpación y daños y un segundo por daños, incendio agravado y privación injusta de libertad y nunca fue condenado por ninguno de los dos.


El acto ilegal y traumatizante ha sido denunciado ante el Ministerio de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección y el CONADEH, mientras que su equipo legal ha interpuesto un recurso de habeas corpus para esclarecer su actual paradero y garantizar su protección, ya que existe preocupación por su integridad física.


Arnol Alemán, al igual que otros siete defensores que pasaron ilegalmente años en la cárcel por su defensa del agua y los bienes comunes, es beneficiario de medidas cautelares dictadas por el Estado, pero éste no ha implementado mecanismos reales para poner fin a la persecución y los riesgos físicos que enfrentan por su labor de defensa de los derechos humanos.


El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en su resolución 85-2020 declaró ilegal la detención de los defensores y ordenó una investigación y la sanción de los responsables, así como la reparación de los daños causados a los defensores. Hasta la fecha, el Estado hondureño no ha implementado la resolución de la ONU, ni ha cancelado definitivamente el proyecto minero que ha provocado daños ambientales irreparables en el Parque Nacional Carlos Escaleras y ha tenido importantes impactos psicológicos negativos en los defensores.


Las y los defensores del Sector San Pedro, Guapinol y Tocoa del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) continúan en riesgo por su labor de defensa; solo este año han sido asesinados tres defensores de Guapinol, los hermanos Oqueli y Alí Domínguez así como Jairo Bonilla, y no se ha avanzado en una investigación independiente y seria para esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables de estos crímenes.


Denunciamos que la misma policía, supuestamente responsable de la protección de las personas defensoras, sigue actuando con hostilidad contra ellas. Además de Alemán, otros defensores criminalizados, entre ellos un grupo de cinco que aún tienen una causa penal abierta en su contra, enfrentan acciones similares, en las que las autoridades abusan de sus facultades para beneficiar a la empresa minera que sigue controlando el megaproyecto minero, provocándoles miedo cada vez que viajan y pasan por retenes militares y policiales que aún siguen vigentes en todo el país, por motivos laborales o personales.


Otras personas defensoras, y sus familias, permanecen bajo vigilancia constante de la policía y otros vehículos no identificados, y reciben amenazas verbales de muerte. Hace sólo dos días, otro defensor criminalizado que pasó 916 días en detención arbitraria publicó un vídeo en sus redes sociales en el que la policía lo fotografiaba a él y a su familia en su casa como acto de intimidación.


Ayer mismo, en un mensaje fuerte, 19 legisladores estadounidenses mostraron públicamente su apoyo al caso "Guapinol", incluyendo la demanda para la cancelación definitiva del proyecto minero y la protección de las y los defensores, así como la investigación de los asesinatos.


Los defensores del agua criminalizados fueron condecorados por el Congreso en febrero de 2022, pero este reconocimiento público no se ha traducido en mecanismos concretos para su protección ni para la protección de la Montaña de Botaderos. Asimismo, a pesar de reiterar su apoyo a la causa, el Ejecutivo tampoco ha tomado acciones contundentes para resguardar la seguridad física de las y los defensores que enfrentan constantes riesgos para su defensa y la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras de las actividades mineras ilegales a cielo abierto, al tiempo que tampoco ha cancelado definitivamente el proyecto minero y restaurado el parque nacional y la zona nuclear dañados por las actividades mineras.


Mientras no haya una acción contundente del Estado de Honduras, los impactos de la criminalización, impulsada por Los Pinares y el Estado, seguirán teniendo graves consecuencias negativas para los defensores y sus familias y las y los demás miembros del CMDBCPT.


Pedimos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de solidaridad que se mantengan vigilantes y a quienes puedan acompañen hoy a Arnol y su familia en los Juzgados de San Pedro.

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