Pruebas acreditan responsabilidad penal de ejecutivos de minera Pinares/ Ecotek en destrucción del Parque Nacional Carlos Escaleras

Juez dicta auto de formal procesamiento para directivos de las empresas Pinares/Ecotek. El caso pasará a la siguiente fase procesal, la audiencia preliminar.

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Tegucigalpa, Honduras  — 13 de mayo de 2025.  A través de pruebas contundentes, quedó acreditada la participación directa de tres altos ejecutivos de las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek en los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados al Parque Nacional Carlos Escaleras. Por lo tanto, el juez dicto un auto de formal procesamiento contra Victor Lorenzo Bernardez - Representante Legal; Fernando Padilla - Super Intendente de Medio Ambiente; y Douglas Alvarenga - Super Intendente de Minas. Se trata de un caso emblemático, ya que es la primera vez que se procesa a altos ejecutivos mineros por estos delitos en Honduras.

En su fallo, el Juez de Jurisdicción Nacional Jose Abraham Rosa Sánchez señaló que parece haber una colusión entre la administracion pública y la empresa y notó la reciente sentencia contra Otoniel Flores por su papel en la autorización ilegal a la empresa para talar árboles en el Parque Nacional Carlos Escaleras, uno de los varios trabajadores municipales y del ICF acusados de realizar acciones ilegales para promover la operación minera. Es más, el juez dijo que los acusados actuaron con «conocimiento y voluntad» de cometer los delitos por los que se les acusaba. Además de estos tres ejecutivos, el Presidente de las empresas, y de Emco Holdings, Lenir Pérez, se encuentra actualmente prófugo y se cree que está escondido en EE.UU.

Entre las evidencias clave que resultó acreditada por el juez, se encuentran declaraciones de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), peritajes técnicos, dictámenes ambientales y documentación oficial del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN). Estas pruebas demuestran que los ejecutivos supervisaron la construcción de una carretera en la zona nucleo del parque nacional, la explotación de minerals sin permiso, la construcción de una trituradora y botadero estéril y otras obras sin los permisos legales y ambientales correspondientes, violando la legislación ambiental y penal vigente en Honduras y provocando daños significativos al ecosistema protegido, afectando zonas de captación de agua y biodiversidad crítica del Corredor Biológico Mesoamericano. Como acusación privada, el CMDBCPT, junto con el MP resaltaron la lucha del CMDCBPT, y el defensor Juan Lopez, en defensa de los bienes comunes.Durante la audiencia se pidió que se enviara a los acusados a prisión preventiva, pero el juez accedió a que se les impusieran medidas distintas dada su fianza millonaria. 

A pesar de los intentos de la defensa por minimizar la responsabilidad de los ejecutivos, e incluso llegando a culpar a las comunidades locales de la destrucción ambiental, las pruebas desvirtúan por completo esa estrategia. Además, el juez resolvió que las conclusiones del técnico de la defensa no eran válidas porque no se presentaron en el momento oportuno.

Agradecemos a las organizaciones nacionales e internacionales que han acompañado este proceso y reconocemos a las embajadas de España, Francia y Alemania presentes hoy en la sala. La próxima audiencia está prevista para el 11 de junio a las 9 de la mañana, pero es posible que la defensa recurra y esto podría retrasar dicha audiencia.

Es importante señalar que este proceso judicial ocurre en un contexto alarmante: el Congreso Nacional de Honduras discute actualmente una propuesta de reforma a la Ley General del Ambiente que eliminaría la obligación de realizar estudios de impacto ambiental para ciertos proyectos extractivos. De aprobarse, esta reforma legalizaría retroactivamente prácticas como las que se investigan en este caso, y debilitaría gravemente los mecanismos de protección ambiental y de rendición de cuentas.

Las comunidades afectadas, organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos advierten que esta propuesta abre la puerta a una nueva ola de destrucción ambiental con impunidad garantizada para las empresas responsables.

Nuestro compañero Juan López, vilmente asesinado el 14 de septiembre de 2024, fue parte integral de esta denuncia y en su nombre continuamos la lucha por la liberación y restauración del Parque Nacional Carlos Escaleras.

¡Si a la vida! ¡No al megaproyecto!

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