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Schakowsky y colegas instan a actuar para proteger a personas defensoras; anular actividades mineras

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA


15 de agosto de 2023


Schakowsky y sus colegas instan al Departamento de Estado a seguir apoyando a los ecologistas de la región hondureña del Bajo Aguán


WASHINGTON – Hoy, los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Jan Schakowsky (IL-09), Jesús «Chuy» García (IL-04), Ilhan Omar (MN-05) y Raúl M. Grijalva (AZ-07) han encabezado a 16 de sus colegas en una carta en


la que instan al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a garantizar que embajada de Estados Unidos en Honduras se compromete continuamente con el gobierno hondureño a combatir la corrupción, al tiempo que protege a los ecologistas de la región del Bajo Aguán de futuros actos de violencia y ataques, y garantiza que sus demandas son atendidas plena y justamente. Esto incluye la anulación definitiva de las licencias mineras de Los Pinares, en el Parque Nacional de los Botaderos de Carlos Escaleras.


El 15 de junio, Oqueli Domínguez Ramos, opositor declarado a la instalación ilegal de la mina de hierro a cielo abierto de Los Pinares, fue asesinado en su domicilio. La madre de Oqueli, Catalina Ramos, resultó herida con un disparo en la pierna. Sólo cinco meses antes, el otro hijo de Catalina, Alí, también fue asesinado por hombres en moto cuando regresaba a casa del trabajo con su amigo Jairo Bonilla. El tercer hijo de Catalina, Reynaldo, se vio obligado a abandonar su casa tras recibir amenazas selectivas por su oposición a la mina.

La empresa minera Los Pinares era inicialmente una empresa conjunta entre el gigante siderúrgico estadounidense Nucor y el conglomerado hondureño Grupo EMCO, propiedad de Ana Facusse y su marido Lenir Pérez. EMCO y otras empresas respaldadas por el padre de Ana Facusse, Miguel Facusse, han sido acusadas durante mucho tiempo de violencia, influencia ilícita en el sistema judicial hondureño e incluso conexiones con el narcotráfico. Los intereses de Facusse en la región del Bajo Aguán, donde se encuentra la mina de Los Pinares, comenzaron con lo que se ha denunciado ampliamente como apropiaciones masivas, violentas e ilegales de tierras de la reforma agraria y de indígenas garífunas por parte de la empresa Dinant de Facusse. Sólo este año han sido asesinados siete defensores de los derechos sobre la tierra en litigios con Dinant.


«Nos preocupa el nivel de apoyo del que han gozado las empresas asociadas a la familia Facusse por parte de la comunidad internacional, incluido el acceso a financiación de bancos multilaterales de desarrollo e inversiones de una importante empresa estadounidense, a pesar de las pruebas de su implicación en corrupción, violencia y otras violaciones de derechos humanos», concluyen los legisladores. «Nos preocupa además que las acciones de este tipo de empresas y la incapacidad para contrarrestarlas socaven los objetivos de la Administración Biden en la región».


Aunque los legisladores «se sienten alentados por los importantes esfuerzos del actual gobierno hondureño para apoyar las investigaciones sobre estas redes violentas» a través de diversas iniciativas, los legisladores instan al Departamento de Estado estadounidense a que se comprometa con el gobierno hondureño para garantizar:


  • La anulación definitiva de las licencias mineras de Los Pinares

  • La investigación de los asesinatos de defensores de los derechos humanos y ecologistas por parte de la fiscalía especial de delitos contra la vida, con sede en Tegucigalpa, y

  • La futura protección y seguridad de los defensores de los derechos humanos y los ecologistas en la región del Bajo Aguán.


Además de Schakowsky, García, Omar y Grijalva, entre los cofirmantes de la carta figuran los representantes Henry C. «Hank» Johnson, Jr., Joaquin Castro, Jamie Raskin, Barbara Lee, Kevin Mullin, Cori Bush, Adriano Espaillat, Paul D. Tonko, Jimmy Panetta, James P. McGovern, Veronica Escobar, Lloyd Doggett, Jared Huffman, Rashida Tlaib, Linda T. Sánchez, y Ritchie Torres.


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Versión Web Aquí


Alex Moore

Director de Comunicación

Oficina de la congresista Jan Schakowsky (IL-09)

202-374-1098

Alex.Moore@mail.house.go Lea a continuación la carta en español:

CARTA ES
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15 de agosto de 2022


Estimado Secretario Blinken,


Le escribimos para instarle a que se asegure de que la embajada de Estados Unidos en Honduras se compromete continuamente con el gobierno hondureño a combatir la corrupción, al tiempo que protege a los ecologistas de la región del Bajo Aguán de futuros actos de violencia y ataques, y garantiza que sus demandas son atendidas plena y justamente. Estas demandas incluyen la cancelación definitiva de las licencias mineras de Los Pinares y la investigación de los asesinatos de defensores de los derechos humanos y ecologistas por parte de la fiscalía especial de delitos contra la vida, con sede en Tegucigalpa. Nos preocupa que la Estrategia de Causas Raíces de la Administración Biden para Centroamérica, centrada en fomentar la prosperidad y las condiciones que las familias necesitan para construir vidas sostenibles, pueda verse socavada por poderosas empresas implicadas en la corrupción.


El 15 de junio, Oqueli Domínguez Ramos fue asesinado en su casa de Guapinol, en la costa norte de Honduras. El hombre, de 42 años, acababa de volver a casa de llevar a su hija a una consulta médica cuando dos hombres se detuvieron en una motocicleta. Uno entró en el recinto que Oqueli compartía con su familia y anunció que estaba allí para masacrarlos. Después de que sus hermanas y su madre se apresuraran a intentar detener al asaltante armado, Oqueli recibió un disparo mortal en la espalda; su madre, Catalina Ramos, resultó herida de bala en la pierna y los dos asesinos se dieron a la fuga. Eran las 10:30 de la mañana.


Los miembros de la familia Domínguez son firmes opositores a la instalación ilegal de la mina de hierro a cielo abierto Los Pinares en el Parque Nacional de la Sierra de Botaderos Carlos Escaleras. Sólo cinco meses antes, el otro hijo de Catalina, Alí, también fue asesinado por hombres en moto cuando regresaba a casa del trabajo con su amigo Jairo Bonilla. Su tercer hijo, Reynaldo, se vio obligado a abandonar su casa tras recibir amenazas directas. Tanto Alí como Reynaldo pasaron un tiempo en la cárcel debido a las falsas acusaciones formuladas por la empresa minera Los Pinares y procesadas por un sistema judicial plagado de corrupción.


La empresa minera Los Pinares era inicialmente una empresa conjunta entre el gigante siderúrgico estadounidense Nucor y el conglomerado hondureño Grupo EMCO, propiedad de Ana Facusse y su marido Lenir Pérez. El 28 de abril, la casa en Miami de Lenir Pérez y Ana Facusse, registrada a nombre de su empresa «Emco Holding», registrada en Delaware, fue allanada por el FBI, al parecer en relación con una investigación sobre Nucor. Aunque Nucor afirma que su inversión directa en Los Pinares finalizó en octubre de 2019, se sospecha firmemente que la empresa conserva intereses en Los Pinares.


Ante las amenazas verbales y la creciente intimidación y difamación, incluidas las campañas bot en las plataformas de medios sociales con sede en Estados Unidos, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa envió al gobierno hondureño una solicitud urgente de reunión para resolver el conflicto provocado por la instalación ilegal del megaproyecto y las campañas dirigidas contra los defensores del medio ambiente y sus familias. Esto ocurrió menos de 24 horas antes del asesinato de Oqueli. La carta detallaba más de seis años de lucha del Comité para denunciar las ilegalidades del proyecto, la contaminación en el parque nacional provocada por el megaproyecto, la falta de respuesta a las numerosas denuncias presentadas por miembros del Comité en respuesta a las amenazas y a la campaña de difamación en Internet, y la falta de investigación independiente sobre los asesinatos de defensores del medio ambiente. Incluso después del asesinato de Oqueli, el gobierno hondureño no ha respondido a la situación de riesgo a la que se enfrentan los defensores.


EMCO y otras empresas respaldadas por el padre de Ana Facusse, Miguel Facusse, han sido acusadas durante mucho tiempo de violencia, influencia ilícita en el sistema judicial e incluso conexiones con el narcotráfico. La EMCO estuvo implicada en el secuestro en 2013 de dos observadores europeos de derechos humanos del Proyecto de Acompañamiento a Honduras/PROAH. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos determinó que Honduras había denegado justicia a la familia del ecologista Carlos Escaleras después de que los tribunales locales cerraran irregularmente las investigaciones cuando los sicarios responsables del asesinato de Escaleras confesaron que habían sido contratados por Miguel Facusse. Los intereses de Facusse en la región del Bajo Aguán, donde se encuentra la mina de Los Pinares, comenzaron con lo que se ha denunciado ampliamente como apropiaciones masivas, violentas e ilegales de tierras de la reforma agraria y de indígenas garífunas por parte de la empresa Dinant de Facusse. Sólo este año han sido asesinados siete defensores de los derechos sobre la tierra en litigios con Dinant.


Nos preocupa el nivel de apoyo del que han gozado las empresas asociadas a la familia Facusse por parte de la comunidad internacional, incluido el acceso a financiación de bancos multilaterales de desarrollo e inversiones de una importante empresa estadounidense, a pesar de las pruebas de su implicación en corrupción, violencia y otras violaciones de derechos humanos. Nos preocupa además que las acciones de este tipo de empresas y la incapacidad para contrarrestarlas socaven los objetivos de la Administración Biden en la región.


Nos alientan los importantes esfuerzos del actual gobierno hondureño para apoyar las investigaciones sobre estas redes violentas mediante iniciativas como la Comisión Tripartita, una comisión conjunta del gobierno con expertos independientes en derechos humanos reconocidos internacionalmente, y la tan esperada iniciativa apoyada por las Naciones Unidas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Instamos a la Embajada a mostrar su firme apoyo a estas iniciativas, así como a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar que se satisfacen las demandas de justicia de los ecologistas del Bajo Aguán.



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