Caso Juan López: Corte de Apelaciones debe revocar de inmediato la resolución arbitraria de liberar a Adán Fúnez y Juan Ángel Ramos Gallegos
- guapinolresiste
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ALERTA URGENTE
El Poder Judicial de Honduras libera a Adán Fúnez y Juan Angel Ramos Gallegos, dos de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Juan López, poniendo en riesgo la justicia para el defensor y a las víctimas.
Rosario Díaz Cruz, jueza de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, ha sustituido las medidas de prisión preventiva y ha liberado a Adán Fúnez y Juan Ángel Ramos Gallegos, ambos acusados de asesinato y asociación ilícita en el caso del defensor ambiental Juan López.
En este grave giro a favor de la impunidad, la jueza ha mostrado un cambio alarmante y sospechoso respecto a su fallo del 15 de mayo de 2026, que fundamentó a los principios legales y en el que se imponía la medida debido a la gravedad del delito y la posible sentencia en su contra, así como a su capacidad para influir en la investigación y en los testigos. Su claro sesgo es preocupante para el futuro del caso y para el avance de los procedimientos judiciales contra los autores intelectuales en los tribunales.
La jueza Rosario Díaz Cruz, en ambas resoluciones establece que los presupuestos no han desaparecido pero aún así les cambia la medida de prisión preventiva. La Corte de Apelaciones de Jurisdicción Nacional debe revocar de inmediato estas decisiones arbitrarias, contra las cuales las víctimas han presentado un recurso de apelación.
Este fallo arbitrario pone de manifiesto la impunidad y corrupción que se ha extendido por el poder judicial entre las y los jueces al más alto nivel. Además de poner en riesgo la justicia para Juan López, la jueza Rosario Díaz Cruz ha permitido que algunos de los hombres más peligrosos regresen a Tocoa sin considerar su impacto en las víctimas en la zona.
Juan Angel Ramos Gallegos permanece bajo arresto domiciliario en la colonia Favio Ochoa, la misma donde vive la familia de Juan López y donde fue asesinado el defensor al salir de la iglesia. Ademas, recordamos al público y a las autoridades que Adán Fúnez ha propiciado un ataque sistémico usando campañas de desprestigio, amenazas e intimidaciones contra las y los defensores durante más de una década, que culminó con el asesinato de nuestro compañero Juan López. La resolución incluso afecta a otras investigaciones judiciales en curso en su contra, que se ven en peligro ahora que regresa a la zona. Mientras tanto, otra parte de la estructura criminal detrás del proyecto minero-energético de muerte, Lenir Pérez, utiliza presiones políticas y económicas para garantizar su libertad y el avance de sus megaproyectos mineros y de coque de petróleo que destruyen el Parque Nacional Carlos Escaleras.
También le recordamos al Estado que las víctimas y la acusación privada de este caso, la familia de Juan López y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, son beneficiarios de las medidas cautelares MC 137-2023 ordenadas por la CIDH, y que tiene la obligación de implementar de inmediato medidas que garanticen su seguridad integral, responsabilidad que nunca ha cumplido en casi tres años.
Además de la protección inmediata para las víctimas y personas defensoras del CMDBCPT, exigimos una investigación inmediata sobre las acciones de la jueza Rosario Díaz Cruz y del Poder Judicial, que han permitido que se produzca esta grave situación.
Exigimos que la Corte de Apelaciones que conocerá de los recursos de apelación resuelva con celeridad revocando la resolución ilegal emitida por la jueza Rosario Díaz Cruz.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que denuncie esta resolución arbitraria y exija su revocación inmediata.
Dado el 13 de agosto de 2026 en Tocoa, Colón.
Juan López Case: Court of Appeals Must Immediately Overturn the Arbitrary Ruling to Release Adán Fúnez and Juan Ángel Ramos Gallegos
URGENT ALERT
The Honduran Judiciary has released Adán Fúnez and Juan Ángel Ramos Gallegos, two of the alleged masterminds behind the murder of Juan López, thereby jeopardizing justice for the human rights defender and the victims.
Rosario Díaz Cruz, a judge in the National Jurisdiction Court of San Pedro Sula, has lifted the pretrial detention orders and released Adán Fúnez and Juan Ángel Ramos Gallegos, both accused of murder and criminal conspiracy in the case of environmental defender Juan López.
In this serious turn toward impunity, the judge has shown an alarming and suspicious shift from her May 15, 2026, ruling, which was grounded in legal principles and imposed the measure due to the seriousness of the crime and the potential sentence against them, as well as their ability to influence the investigation and witnesses. Her clear bias is concerning for the future of the case and for the progress of legal proceedings against the masterminds in court.
In both rulings, Judge Rosario Díaz Cruz states that the grounds for the measure have not disappeared, yet she still changes the pretrial detention order. The National Jurisdiction Court of Appeals must immediately overturn these arbitrary decisions, against which the victims have filed an appeal.
This arbitrary ruling highlights the impunity and corruption that have spread throughout the judiciary among judges at the highest levels. In addition to jeopardizing justice for Juan López, Judge Rosario Díaz Cruz has allowed some of the most dangerous men to return to Tocoa without considering the impact this will have on victims in the area.
Juan Angel Ramos Gallegos now remains under house arrest in the Favio Ochoa neighborhood: the same neighborhood where Juan López’s family lives and where the human rights defender was murdered as he left church on September 14, 2024. Furthermore, we remind the public and the authorities that Adán Fúnez has orchestrated a systematic attack, using smear campaigns, threats, and intimidation against human rights defenders for more than a decade, which culminated in the murder of our colleague Juan López. The ruling even affects other ongoing judicial investigations against him, which are now at risk as he returns to the area. Meanwhile, another member of the criminal network behind this deadly mining and energy project, Lenir Pérez, is using political and economic pressure to secure his freedom and advance his mining and petroleum coke megaprojects that are destroying Carlos Escaleras National Park.
We also remind the State that the victims and the private prosecutor in this case - the family of Juan López and the Municipal Committee in Defense of the Common and Public Goods of Tocoa - are beneficiaries of precautionary measures MC 137-2023 ordered by the IACHR, and that the State has an obligation to immediately implement measures that guarantee their comprehensive security, a responsibility it has never fulfilled in nearly three years.
In addition to immediate protection for the victims and human rights defenders of the CMDBCPT, we demand an immediate investigation into the actions of Judge Rosario Díaz Cruz and the Judiciary, which have allowed this serious situation to occur.
We demand that the Court of Appeals, which will hear the appeals, act swiftly to overturn the illegal ruling issued by Judge Rosario Díaz Cruz.
We call on the national and international community to denounce this arbitrary ruling and demand its immediate revocation.
Issued on August 13, 2026, in Tocoa, Colón.
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