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Corte de Apelaciones ratifica derecho a protesta en caso Guapinol



El campamento "Por el Agua y la Vida" instalado en Guapinol el 1ro agosto de 2018 fue una expresión legítima y licita en defensa de los bienes comunes y públicos y el parque nacional Carlos Escaleras. Se produjo un desalojo arbitrario y violento 88 días después como producto de la acusación del Ministerio Publico de Tocoa respondiendo a la denuncia de la empresa minera Inversiones Los Pinares. Hoy, la Corte de Apelaciones notificó que ha ratificado el sobreseimiento definitivo por delitos de usurpación y daños a favor de 12 personas. Nadie debería haber sido acusado y el campamento nunca debería haber sido desalojado.


Corte de Apelaciones octubre 2020
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15 de agosto de 2020

Tegucigalpa, Honduras

Las comunidades defendiendo el río Guapinol ante el proyecto minero dentro del parque nacional Carlos Escaleras tienen derecho a protesta, ratifica la Corte de Apelaciones en su fallo notificado hoy. Por unanimidad de votos, la Corte confirma el sobreseimiento definitivamente dictado el 28 de febrero de 2019 a favor de 11 defensores y una defensora del río Guapinol por los delitos de usurpación y daños en perjuicio a la empresa minera Inversiones Los Pinares.

En su dictamen, con fecha de 29 de noviembre de 2019, la Corte señala que no hay un indicio racional del delito de usurpación, confirmando el derecho a la protesta y asociación pacífica tras el establecimiento de campamentos en las vías públicas. Además, no encontró ninguna prueba de los supuestos daños causados a la empresa.

El 1ro de agosto 2018, personas de Guapinol y comunidades cercanas instalaron el campamento “Por el agua y la vida” en una vía pública para manifestar contra la implementación de proyectos mineros en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Las personas participando en el campamento sufrieron una serie de agresiones e intimidaciones constantes y, respondiendo a denuncias presentadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares, el Ministerio Público de Tocoa empezó una campaña de hostigamiento judicial, presentando un requerimiento fiscal contra 18 personas defensoras por los delitos de usurpación y daños. A los 88 días del campamento, alrededor de 1500 agentes de la policía y las fuerzas armadas desalojaron de forma violenta y arbitraria el campamento producto de la acusación de la Fiscalía.

En febrero de 2019, 12 de las 18 personas criminalizadas se presentaron voluntariamente ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional de La Ceiba para aclarar su situación jurídica, pero al llegar, el Juez Carlos Irías les informó que existía un segundo requerimiento contra 11 de estas personas. El equipo legal recuso el Juez Irías y el caso fue traslado a Tegucigalpa.

Ahí, el Juez Víctor Méndez conoció el caso y después de dos días de audiencia, dictó un sobreseimiento definitivo por los delitos de usurpación y daños, también reiterando el derecho a asociación y protesta de las personas defensoras.


El fallo de la Corte de Apelaciones notificado hoy ratifica este sobreseimiento que fue apelado por Inversiones los Pinares y la Fiscalía de Tocoa.

Aunque el juez Méndez también desestimó todos los cargos del segundo requerimiento en una audiencia que siguió a la primera, en agosto de 2020 la Corte de Apelaciones revocó esa decisión y notificó a 5 de los defensores más reconocidos que se enfrentarían de nuevo a cargos de incendio agravado y privatización injusta de libertad, delitos por los cuales se encuentren en prisión preventiva ochos defensores por trece meses. El equipo jurídico espera que haya audiencias relacionadas con estos dos casos en las próximas semanas y que se logre la libertad de los defensores encarcelados.

Esta semana, los Defensores del río Guapinol, junto con Berta Cáceres, fueron reconocidos por el parlamento de la Unión Europea por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y preseleccionados para el Premio Sakharov. Al día siguiente, una de las 32 personas criminalizadas por Inversiones Los Pinares y el Ministerio Público de Tocoa fue asesinada en su casa. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos ha denunciado repetidamente las amenazas e intimidaciones y campañas de odio, pero el Ministerio Público de Tocoa sólo ha trabajado para proteger los intereses de la empresa minera.


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