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Senadores estadounidenses insisten en poner fin a violaciones sistemáticas de los derechos humanos
La ayuda de seguridad de Estados Unidos al Gobierno de Honduras debe suspenderse hasta que la impunidad termine y las violaciones de los derechos humanos dejen de ser sistemáticas
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23 de febrero de 2021
Hoy, el senador Jeff Merkley, de Oregón, junto a siete senadores y senadoras más, presentó un ante proyecto de ley denominado “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras de 2021” en el Senado estadounidense, en lo cual se pide:
1) la suspensión de la ayuda militar y de seguridad de los Estados Unidos a Honduras, utilizando el mismo lenguaje que la Ley Berta Cáceres de la Cámara de Representantes que fue presentado anteriormente.
2) la prohibición de la venta de determinadas municiones, como gas lacrimógeno, spray de pimienta, pistolas eléctricas, etc., a las fuerzas de seguridad hondureñas;
3) la imposición de sanciones a Juan Orlando Hernández;
4) 2 millones de dólares para apoyar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y
5) negociación de una nueva MACCIH a través de las Naciones Unidas, en contraste con la anterior MACCIH a través de la Organización de Estados Americanos.
El ante proyecto señala que el espacio para operar de la sociedad civil en Honduras permanece “severamente restringido, con defensores de derechos y periodistas sujetos a graves niveles de violencia, vigilancia, hostigamiento e intimidación.”
Además, señala que el Departamento de Estado de los Estados Unidos en sus Informes sobre los Derechos Humanos, organismos internacionales de Derechos Humanos, y numerosos grupos de monitoreo han reportado que la policía y fuerzas militares de Honduras cometen violaciones de Derechos Humanos con impunidad, incluyendo asesinatos extrajudiciales, tortura, y uso innecesario de la fuerza y armamento letal en contra de protestantes y personas alrededor de las protestas.
Recordamos que en el caso de Guapinol, más de 1500 efectivos de la seguridad estatal brutalmente desalojaron el campamento por el Agua y la Vida 88 días después de haberse instalado el 1 de agosto de 2018 para protestar contra la implementación ilegal del proyecto minera, usando acusaciones espurias promovidas por la empresa Inversiones Los Pinares y el Ministerio Publico de Tocoa como justificación.
Hoy, Jeremías Martínez, un campesino de 66 años que lleva 26 meses en la prisión preventiva, enfrenta un juicio por su participación en esta expresión legitima de la comunidad de proteger los ríos San Pedro y Guapinol en el Parque Nacional Carlos Escaleras y el hostigamiento contra las personas defensores a nivel local sigue.
El ante proyecto señala que mientras individuos con antecedentes documentados de haber cometido violaciones de Derechos Humanos y con vínculos al narcotráfico siguen en posiciones de alto rango dentro de la policía y fuerzas militares de Honduras, se ha utilizado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procedimientos judiciales especiosos para criminalizar activistas indígenas, de Derechos Humanos y derechos del Medio Ambiente, periodistas, la oposición política y otros, y nombra específicamente, entre otros, miembros del Comité Municipal de Tocoa por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, quienes están detenidos desde Septiembre de 2019 esperando juicio, “después de su protesta en contra de una concesión minera ilegal que afectó los ríos Guapinol y San Pedro.”
Los senadores señalan que ante el deterioro de los derechos humanos en Honduras, los Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados. “Estas sanciones harán que los dirigentes hondureños rindan cuentas y dejarán claro que Estados Unidos no hará la vista gorda ante la corrupción desenfrenada y los abusos flagrantes del derecho internacional.”
Aplaudimos el llamado del ante proyecto de ley a suspender la asistencia de seguridad de Estados Unidos al Gobierno de Honduras hasta que la impunidad termine y las violaciones de los derechos humanos dejen de ser sistémicas. Pone en tela de juicio el apoyo de EE.UU. no sólo al presidente Juan Orlando como narco corrupto, sino también a las fuerzas de seguridad represivas a su mando, que también están vinculadas al narcotráfico.
Leer el ante proyecto de ley aquí.
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