Aviso a los medios | Media Alerta

La minería y el medio ambiente: Audiencia histórica en Honduras esta semana 

Mining and the Environment: Precedent Setting Case in Honduras this Week

21 de abril de 2026 | Tocoa, Honduras

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Lenir Pérez, empresario hondureño y residente en Estados Unidos, comparecerá esta semana ante los tribunales para responder por graves cargos ambientales relacionados con actividades mineras ilegales que han causado daños irreparables en el Parque Nacional Carlos Escaleras en Honduras.

El empresario hondureño y residente en EE. UU. Lenir Pérez comparecerá esta semana ante los tribunales hondureños para responder a los cargos de daños agravados y extracción ilegal de recursos naturales en el Parque Nacional Carlos Escaleras, que forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Es la primera vez en la historia de Honduras que un alto ejecutivo se enfrenta a cargos medioambientales.

En esta ocasión, y en el marco del Día de la Tierra, exigimos justicia para los ríos, bosques y ecosistemas destruidos por actividades extractivas ilegales y recordamos a las personas defensoras, como Juan López, que fueron asesinadas tanto por proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras como por denunciar las ilegalidades de Pérez y sus empresas mineras.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, bajo el mando de Pérez, Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, parte del conglomerado Emco Holdings, participaron en una serie de ilegalidades para impulsar una mina de óxido de hierro a cielo abierto en la costa norte de Honduras, en un área protegida y zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.

La evidencia demuestra que el propio Pérez firmó y presento documentos falsificados ante instituciones públicas, mientras que las empresas crearon un «botadero estéril» en áreas no autorizadas, al tiempo que llevaban a cabo actividades de descombro, tala masiva de árboles y construcción de caminos, todo ello sin una licencia ambiental. También construyeron una zona de procesamiento y trituración de minerales a lo largo del río San Pedro y militarizaron toda el área para no permitir las medidas de rendición de cuentas.

Los delitos se cometieron desde que la empresa comenzó a operar en la zona de Tocoa, Colón, en 2012, después de que Pérez utilizara su influencia para presionar indebidamente a los miembros del Congreso a fin de que modificaran la zona núcleo del Parque Nacional y permitieran que el proyecto, que ha sido ampliamente rechazado, siguiera adelante.

Además de Pérez, también han sido detenidos tres ejecutivos por los mismos cargos, entre ellos el presidente, el superintendente de minería y el superintendente de medioambiente de Pinares/Ecotek. En el mismo requerimiento fiscal, el Ministerio Público también imputó a otras ocho personas, entre ellas exfuncionarios municipales de medio ambiente y personas que trabajaban con el Instituto de Conservación Forestal, por cargos de fraude y usurpación de funciones, lo que demuestra cómo Pérez y sus empresas del conglomerado Emco Holdings conformaron una red ilegal multisectorial para obtener beneficios económicos.

Oficialmente, la extracción y el procesamiento de óxido de hierro en el sitio de Pinares/Ecotek han quedado en suspenso después de que se denegaran los permisos de operación tras la firma del Decreto 18-2024, pero hay amenazas de que reinicie las actividades mineras debido a las presiones de Pérez ante el nuevo gobierno nacionalista, con quien tiene estrechos vínculos. El Decreto, que aún no se ha implementado plenamente, fue diseñado para prohibir toda actividad minera en los parques nacionales de Honduras y para restaurar los daños ya causados.

Además de los daños ambientales cometidos por las empresas, persiste un clima de hostilidad hacia los defensores del medio ambiente en la zona, muchos de quienes cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH debido al peligro inminente que enfrentan por el trabajo que realizan. Se enfrentan regularmente a la criminalización, a campañas de difamación y a amenazas, mientras que la impunidad, incluso en el caso de los defensores Juan López, los hermanos Ali y Oqueli Domínguez, Jairo Bonilla y otros, perpetúa un ambiente de incertidumbre y miedo.

Debido al interés nacional e internacional que ha suscitado el caso, la audiencia inicial tendrá lugar en la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa, a las 8:30 a. m. este jueves 23 de abril. Se han presentado múltiples solicitudes para que la audiencia se transmita en vivo, pero el Poder Judicial aún no ha dado una respuesta definitiva al respecto.

Para más detalles, consulte www.guapinolresiste.org/blog 

Para entrevistas, consulte: +19023242584 WhatsApp/Signal o comunicacionesbjp@gmail.com 

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Media Alert:

Mining and the Environment: Precedent Setting Case in Honduras this Week

Lenir Pérez, a Honduran businessman residing in the United States, will appear in court this week to face serious environmental charges related to illegal mining activities that have caused irreparable damage to Carlos Escaleras National Park in Honduras.

April 21, 2026 | Tocoa, Honduras

Español arriba

Honduran businessman and U.S. resident Lenir Pérez will appear in Honduran courts this week to face charges of aggravated damage and illegal extraction of natural resources in the Carlos Escaleras National Park, which is part of the Mesoamerican Biological Corridor. This is the first time in Honduran history that a high-ranking executive has faced environmental charges.

On this occasion, and in the spirit of Earth Day, we demand justice for the rivers, forests, and ecosystems destroyed by illegal extractive activities, and we remember defenders like Juan López, who were murdered both for protecting Carlos Escaleras National Park and for exposing the illegal activities of Pérez and his mining companies.

According to evidence presented by the Prosecutor’s Office, under Pérez’s leadership, Inversiones Los Pinares and Inversiones Ecotek—part of the Emco Holdings conglomerate—engaged in a series of illegal activities to push forward an open-pit iron oxide mine on the northern coast of Honduras, within a protected area and the core zone of the Carlos Escaleras Montaña de Botaderos National Park.

Evidence shows that Pérez himself signed and submitted forged documents to public institutions, while the companies created a “tailings dump” in unauthorized areas, all while doing illegal clearing and massive tree felling, and road construction—all without an environmental license. They also built a mineral processing and crushing facility along the San Pedro River and militarized the entire area to prevent accountability measures.

The crimes were committed began when the companies started operating in the Tocoa, Colón, area in 2012, after Pérez used his influence to unduly pressure members of Congress to modify the core zone of the National Park and allow the widely project to proceed.

In addition to Pérez, three executives have also been arrested on the same charges, including Pinares/Ecotek President, Mining Superintendent and Environmental Superintendent. In the same indictment, the Public Prosecutor’s Office also charged eight other individuals, including former municipal environmental officials and individuals who worked with the Forest Conservation Institute, with fraud and abuse of authority, demonstrating how Pérez and his companies within the Emco Holdings conglomerate formed an illegal multisectoral network to obtain economic benefits.

Officially, iron oxide extraction and processing at the Pinares/Ecotek site have been suspended after operating permits were denied following the signing of Decree 18-2024, but there are threats that mining activities will resume due to pressure from Pérez on the new nationalist government, with which he has close ties.

The Decree, which has not yet been fully implemented, was designed to prohibit all mining activity in Honduras’ national parks and to restore the damage already caused. In addition to the environmental damage committed by the companies, a climate of hostility persists toward environmental defenders in the area, many of whom have been granted precautionary measures by the IACHR due to the imminent danger they face because of the work they do. They regularly face criminalization, smear campaigns, and threats, while impunity—including in the cases of defenders Juan López, the brothers Ali and Oqueli Domínguez, Jairo Bonilla, and others—perpetuates an atmosphere of uncertainty and fear.

Due to the national and international interest the case has generated, the initial hearing will take place in the Second Chamber of the National Jurisdiction Sentencing Court, at the Supreme Court of Justice in Tegucigalpa, at 8:30 a.m. on Thursday, April 23. Multiple requests have been made for the hearing to be broadcast live, but the Judiciary has not yet provided a definitive response.

For more details, visit www.guapinolresiste.org/blog

For interviews, contact: +19023242584 WhatsApp/Signal or comunicacionesbjp@gmail.com 

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