COMUNICADO

El Observatorio para la Justicia de los Defensores del Rio Guapinol expresa su preocupación por las maniobras dilatorias para el cumplimiento de fallos de amparo en donde se ha reconocido la violación de derechos humanos por parte del Poder Judicial a los defensores de Guapinol.

Han pasado catorce días desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo pública dos sentencias de amparo, el día 10 de febrero de 2022, en la que reconoció violaciones al debido proceso en contra de los defensores medioambientales de Guapinol. En tales decisiones, la Corte Suprema declaró que la errónea aplicación de los procedimientos judiciales había llevado a la implementación de una medida cautelar de privación de la libertad ilegal y a la apertura de un proceso penal sin mérito para ello.

Las decisiones de la sala constitucional rendidas a través de procesos de amparo son definitivas e inapelables y deben ser cumplidas por todas las autoridades públicas. Lamentablemente, esto no ha ocurrido en el caso de Guapinol. Desde la emisión de las decisiones los procesados, la defensa y los observadores internacionales hemos sido testigos de una burla permanente a la decisión de la Corte Suprema mediante una serie de trabas burocráticas que hoy en día mantienen a los defensores ambientales privados de su libertad.

El incumplimiento y entorpecimiento de la implementación de decisiones emitidas por la Corte Suprema en las que se reconocen violaciones a derechos humanos genera no solo responsabilidad individual (presunta comisión de los delitos de desacato y abuso de autoridad y otras normas disciplinarias), sino que deriva en responsabilidad internacional del Estado.

El 18 de febrero, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, en conformidad con el fallo establecido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 10 de febrero de 2022, emitió un nuevo fallo mediante el cual revocó los autos de formal procesamiento dictados contra los defensores. Sin embargo, este fallo no fue acompañado por una orden de liberación de quienes estan detenidos en virtud de esos autos que ya fueron revocados. Por el contrario, el expediente fue enviuado al Juzgado de Letras Seccional de Tocoa. Dicho juzgado emitió una decisión el 22 de febrero en la cual omite, extender los oficios requeridos por el Instituto Nacional Penitenciario para liberar a los defensores. En su lugar, ordena enviar el expediente a una nueva instancia - esta vez el Tribunal de Setencia de Trujillo – para que conozca del caso y sea este último el que extienda las respectivas cartas de libertad.

Los miembros del Observatorio nos hemos enterado el día de hoy que el Tribunal de Trujillo pretende una vez más burlar el cumplimiento de la decisión de la Corte, mediante la convocatoria de una nueva audiencia. Esta decisión pretende abrir a controversia judicial una cuestión ya decidida por autoridades competentes y de la cual solo procede su implementación, ya que nos encontramos ante sentencias firmes, en contra de las cuales no cabe recurso alguno Llamamos al Tribunal de Sentencia a que cumpla con la Constitución y la Ley hondureña y expida, sin dilación, las órdenes necesarias para la liberación de los seis defensores que han pasado más de 900 días de detención ilegal.

Igualmente, hacemos un llamado a los organismos de control judicial y disciplinario para que evaluén la posible comisión de faltas disciplinarias y al Ministerio Público por la posible comisión dedelitos, algunos de los cuales ya se encuentran en una denuncia presentada el 24 de noviembre de 2021 por eldelito de prevaricato judicialcometido en el desarrollo de este proceso¿, incluyendo el trámite de implementación de las sentencia de amparo, tal y como lo ha recomendado el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las Detenciones Arbitrarias.