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Equipo de defensa legal: Corte de Apelaciones sostiene persecución política en el caso Guapinol
Updated: Aug 22, 2020
16 de agosto de 2020
Cinco meses después de que la Corte de Apelaciones resolviera el caso de las más de 20 personas defensoras del medio ambiente de Tocoa, los abogados defensores finalmente fueron notificados esta semana del fallo. La resolución, con fecha de 3 de marzo, mantiene las arbitrariedades en el caso, sirve para perseguir políticamente a las personas que han estado al frente de la lucha para proteger el ambiente.
La corte decidió que 5 defensores, además de los 8 en prisión preventiva por delitos que no requieren esta medida, deben enfrentar un proceso judicial por cargos impulsados por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Ministerio Público. Los defensores se han sometido voluntariamente al proceso penal, argumento suficiente para ser juzgados en libertad.
“La decisión de la corte reafirma la clara alianza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras,” dijo el Abogado Edy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos e integrante del equipo de defensa legal. "Este caso no se trata sólo de Guapinol. Este caso es emblemático para todas y todos los que luchan por garantizar sus derechos frente a los proyectos extractivos en sus territorios".
En el caso de los 8 defensores en prisión preventiva, los magistrados María Luisa Ramos Matute, Erika Geraldina Dubon Padilla y el Magistrado Ramiro Alejandro Ramírez confirmaron la decisión de la Jueza de Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecillo de darle un auto formal procesamiento por los delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la misma empresa minera. Además, enfrentan privación injusta de libertad en perjuicio del mismo Santos Corea.
En relación con las audiencias de marzo de 2019, cuando 13 defensores recibieron un sobreseimiento definitivo, la corte revocó esa decisión. Ahora, a cinco defensores altamente reconocidos, Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramon y José Cedillo les dictaron un auto formal procesamiento por los mismos cargos.
“En ningún momento del proceso judicial la fiscalía ni la empresa ha podido individualizar los cargos'', dijo el Abogado Efraín Ramírez de DABAR Abogados, que tiene representación legal en el caso. “Ni siquiera esta jurisdicción debe de estar conociendo estos casos. El país está en una situación jurídica comprometida.”
Testigos oculares alegan que el jefe de seguridad fue detenido hasta que la policía pudo llegar después de que un joven y miembro de la resistencia pacífica a la mina fuera herido por un guardia de seguridad. Estos hechos tuvieron lugar el 7 de septiembre de 2018 en la comunidad de Guapinol cuando Santos Corea llegó con decenas de guardias seguridad armada al campamento pacífico que se había instalado un mes anterior para defender los ríos que abastecen la comunidad ante los impactos de contaminación por el proyecto minero instalado ilegalmente en el parque nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras.
Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha investigado los daños graves que sufrió el joven mientras ha procesado a más de 30 personas por delitos sin fundamento.
El equipo legal alega que hubo una denegación de justicia para los defensores encarcelados dado que transcurrieron cinco meses entre la decisión judicial y su emisión. Además, en referencia al fallo de la corte sobre la apelación por la aplicación de prisión preventiva, hicieron referencia a un caso totalmente diferente en su fallo.
“A este nivel estamos llegando. Es sumamente grave. Estos hechos deben de ser investigados y sancionados,” dijo el abogado Tábora que señala la justicia selectiva en el caso. “La constitución de la República dice que estamos iguales ante la ley, pero en Honduras, no es cierto.”
A pesar del documento suplementario que el equipo legal presentó a la Corte de Apelaciones en relación con los cambios en el nuevo Código Penal, y sus impactos favorables en el caso, la corte se negó a aceptar y considerar los argumentos en su fallo.
La próxima semana, el expediente del caso debe ser transferido al Juzgado de Letras y se convocará una audiencia durante la cual el equipo legal solicitará la revisión de las medidas de las personas encarceladas. También habrá impugnaciones al fallo.