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Tribunal prepara para condenar a defensores de Guapinol en secreto

Para su difusión inmediata

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El Caso Guapinol está condenado a retroceder a un juicio tipo inquisición donde la opacidad garantice facilidad de acciones arbitrarias para condenar a los defensores, según el equipo de defensa legal que hoy fue notificado que los jueces Franklin Marvin Arauz Santos, Ricardo Geovanny Rodríguez Barahona y Henry Geovany Duarte Zaldivar han declarado sin lugar la solicitud para observación y transmisión.


“Una vez más, el Tribunal ha demostrado por qué no es idóneo para presidir este caso. Esta preparando todo para condenar a los defensores sin que la sociedad lo sepa. A través de otro fallo arbitrario, el tribunal no va a garantizar el derecho de los defensores a tener presencia en la sala a través de la observación, y no han gestionado para asegurar la transmisión y garantizar transparencia en caso de interés público,” dijo el abogado Edy Tabora al recibir la notificación.

El juicio de los ocho defensores de Guapinol y Sector San Pedro en detención arbitraria, previsto para la próxima semana, debería ser transmitido en directo para permitir el acceso del público como derecho fundamental a la verdad. Hace dos días, el equipo legal solicito al Tribunal garantizar este derecho y hasta hoy llego la resolución negativa. Durante más de dos años, el proceso legal de los defensores ha sido marcado por acciones arbitrarias del Poder Judicial, incluyendo audiencias a puerta cerrada y la negación de publicidad a través de la observación y transmisión, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por actores y organizaciones nacionales e internacionales que han seguido de cerca el caso de los defensores.


Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez han sido reconocidos globalmente por su defensa del medio ambiente - incluyendo el Premio Letelier Moffit en los Estados Unidos y notablemente como finalista del Premio Sakharov, el más distinguido premio de derechos humanos otorgado por el parlamento de la Unión Europea. En Honduras, su labor de legítima defensa de los derechos humanos ha sido acreditada por la Secretaría de Derechos Humanos. El mundo entero está pendiente de su juicio y de cómo el Estado hondureño va a actuar, después de más de tres años de fallos arbitrarios en el caso que el Tribunal quiere guardar en secreto.


Para el equipo jurídico, el incumplimiento de los derechos básicos de parte del Tribunal es una muestra más de la fata de imparcialidad que tiene frente a los defensores. El escrito legal que fue presentado el día miércoles pide que las audiencias del debate oral y público sean trasladadas a una sala de audiencias de Tegucigalpa si es necesario para permitir el acceso público al proceso judicial y para garantizar la capacidad técnica para cumplir con la transmisión en directo a través de los canales oficiales del poder judicial.

La solicitud resalta el artículo 308 del Código Procesal Penal que regula la publicidad del juicio oral y público y dispone que 'el juicio será público'. Según Kenia Oliva, del equipo técnica de defensa:

“La publicidad constituye una exigencia del proceso penal propio de una sociedad democrática abierta y transparente, en la que se pueda conocer cuando es publica, objeto de interés colectivo. La publicidad constituye, no en vano, una eficaz garantía frente a la arbitrariedad y el abuso del poder."

El escrito legal además argumenta que el público sirve de control del correcto funcionamiento del sistema judicial. Para el abogado defensor Tabora:

“La publicidad permite una cierta democratización de la Justicia penal, a través de la participación, si bien ciertamente limitada a la de un espectador vigilante crítico, por parte de la ciudadanía en cuyo nombre se administra."

El juicio, que se iniciará sólo tres días después de las elecciones generales, será juzgado por un Tribunal que ya ha demostrado su parcialidad en el caso, al haber fallado a favor de la detención arbitraria de los defensores y expresado calificativos estigmatizantes contra ellos y sus familias. Un juicio verdaderamente público es esencial para tener un seguimiento eficaz de los procedimientos judiciales y sus resultados y el equipo legal apelara la decisión del tribunal y pide a quienes siguen el caso que denuncien la reciente resolución.


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