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Corrupción, represión y vigilancia ilegal evidenciada durante juicio de los defensores del agua
- para su inmediata difusión
PRONUNCIAMIENTO
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa Colon, en el contexto del Juicio Oral y Público en el caso de los 8 defensores del agua, el ambiente y sus territorios en Guapinol y sector San Pedro, se pronuncia respecto a lo siguiente:
Este proceso judicial que enfrentan los defensores bajo detención arbitraria, y enfrentamos muchísimas personas en el Municipio de Tocoa, tiene su origen en el concesionamiento de territorios que el Estado hizo al grupo EMCO que rectora Lenir Pérez y Ana Facusse en Honduras y en este caso, en el Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras. La modificación del decreto 127-2012 mediante decreto 252-2013 que compromete la zona núcleo del Parque, es la raíz detonante de toda la cadena de ilegalidades que mantienen de pie al imperio extractivo minero sobre las comunidades y poblaciones en Guapinol y sector San Pedro.
La invasión de los territorios por la empresa minera Inversiones los Pinares (parte del grupo EMCO) deja como resultado el rompimiento del tejido social, ruptura de la amistad y la sana convivencia en las comunidades. La presencia de la empresa y sus relaciones corruptas, colocan las bases de la espiral de violencia que va desde la criminalización en redes sociales como está ocurriendo en el marco de este juicio, la amenaza, la judicialización, el encarcelamiento e incluso el asesinato.
La empresa minera se adjudica el derecho de sustituir al Ministerio Publico mediante empleados que tienen vigilancia sobre los liderazgos sociales para perfilarlos y judicializarlos. Lo ha dejado en evidencia el Ministerio Publico al presentar informe elaborado por un empleado de Inversiones los Pinares y presentado como prueba incriminatoria en el juicio oral y público contra los defensores. Durante los años de protesta, hemos presentado denuncias ante la Dirección de Investigación Policial (DPI) del Ministerio Publico, sin recibir proceso investigativo.
El Ministerio Publico ha utilizado y manoseado el proceso, ha fabricado hechos constitutivos de delitos como usurpación, con lo que deja explicita su relación con la empresa minera y su pretensión de dañar a los defensores. Durante el juicio, ha presentado testigos, todos vinculados con la empresa minera, cuya misión en el juicio es incriminar, es claro su compromiso con la mentira y el desprecio por la justicia. Pero están las pruebas necesarias para desmentir lo expresado por tales testigos.
De igual manera, la Corte Suprema de Justicia a través de la sala de lo Constitucional, ha negado las garantías constitucionales durante el proceso. No ha respondido el recurso de amparo del año 2020, tampoco respondió el Habeas Corpus o exhibición personal del mes de diciembre 2021, la corte de apelaciones no admitió la recusación contra el tribunal que está mostrando plena parcialidad con el MP y la empresa minera. Todo lo actuado por la Corte constituye violación a los derechos humanos.
El Comité agradece a la comunidad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos por su fina solidaridad, y llama para que continúen alerta y en vigilancia permanente de todo el proceso. Es de interés común, la libertad de los defensores y la libertad de la zona protegida y el agua. El nuevo gobierno debe revisar exhaustivamente los proyectos mineros en el Parque Nacional, porque el mandato primero es la protección de la vida humana. ¡GUAPINOL INOCENTE!.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, 19 de enero de 2021
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Vea nuestra galería de fotos:
Vea las entrevistas con esas personas y organizaciones que acompañan la conferencia de prensa:
Reynaldo Dominguez y Dinora Castro del Comite de Defensa de los Bienes Comunes y Publicos de Tocoa:
Heidy Alachan, Secretaria Ejecutiva de la Coalición Contra la Impunidad, que representanta organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional: “Se trata de una acusación completamente montada por el MP que responde a exigencias y cuidando los intereses del capital extractivo, en este caso, la empresa minera los Pinares.” La abogada denuncia que los medios de prueba del estado se base en testimonios de la seguridad de la misma empresa con la pretensión de continuar generando terror y miedo para poder desarticular la resistencia de las personas que defienden los bienes comunes y públicos.
Katherine Cruz de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras: ”Desde la RNDDHH continuamos acuerpando y solidarizándonos con la Causa Guapinol porque son defensoras y denfesores del medio ambiente que están luchando por la vida, el territorio y el agua, en su comunidad”.
Karla Lara, de la Asamblea Permanente del Poder Popular, califica el proceso judicial de los defensore del rio Guapinol como "Un juicio de anomalias y un reflejo de la justicia en nuestro país", al tiempo que anima a apoyar a quienes defienden y protegen los bienes comunes y naturales en Honduras.
Karol Bobadilla del Observatorio por la Justicia de los Defensores del Roio Guapinol: "Nos han llamado poderosamente la atención algunos medios de prueba como el intento de criminalizar a defensores con medios de prueba emitidos por empresas de seguridad privada y bajo una lógica de inteligencia militar, lo cual no reúne los requisitos considerados para ser considerados en un procedimiento penal."
ARCAH se suma a las denuncias de la complicidad entre la empresa y el Estado para avanzar en los proyectos extractivos en Honduras y anima a otros a acompañar el caso Guapinol.