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Guapinol: Por qué es tan repudiable el reciente fallo arbitrario de cambio de sede del juicio
En tan sólo tres semanas, ocho defensores del agua de Guapinol y del Sector San Pedro en Honduras irán a juicio. En lo que es otro fallo arbitrario, los jueces Franklin Marvin Arauz Santos, Ricardo Rodríguez Barahona y Henry Geovany Duarte Zaldivar notificaron ayer que el lugar del juicio se trasladará a La Ceiba - ¿su motivación? Asegurarse de que no se ejerza el derecho a la protesta durante el juicio. La reunión pacífica ha sido uno de los únicos mecanismos que han tenido los familiares de los defensores detenidos ilegalmente para exigir transparencia en el proceso judicial.
Al concluir la reciente audiencia de revisión de medidas, hace apenas un par de semanas, los defensores fueron informados por los jueces de que el tribunal se pronunciaría sobre su liberación o no en un plazo de 24 horas, que es lo que establece el Código Procesal Penal. Los familiares de los defensores no esperaron el fallo fuera del juzgado, sino que viajaron en autobuses a más de una hora de distancia hasta la cárcel de Olanchito para estar con sus seres queridos -aunque con una valla de por medio- para esperar -con esperanza- el veredicto.
A última hora de la noche, tras no tener noticias y después de que el Tribunal pasara claramente el tiempo establecido para dictar sentencia, las familias volvieron a casa. Al día siguiente, aún sin noticias, hicieron otro viaje de una hora a Trujillo, esta vez al Juzgado, donde familias enteras y sus comunidades se juntaron pacíficamente, esperando el veredicto, bajo vigilancia policial. Compartieron comida, cantaron y aprovecharon el tiempo para denunciar la destrucción ambiental que está causando la minería ilegal en el Parque Nacional Carlos Escaleras por el proyecto de minería de óxido de hierro a cielo abierto del Grupo Emco. Llevaban carteles y pancartas de sus seres queridos, con la esperanza de que finalmente fueran liberados tras 26 meses privados de libertad, considerada por la ONU como detención arbitraria.
El Tribunal les dijo que "no se preocuparan" y que el fallo estaría "apegado a la ley". A las familias se les dijo que el veredicto era inminente: el fallo estaba escrito y en cuanto los jueces lo firmaran se compartiría. El tiempo pasó.
El veredicto nunca llegó - y el Tribunal comenzó a decir que en realidad tenía tres días para emitir un veredicto - en completa contradicción con el CPP y su compromiso dos días antes de emitir el fallo en tiempo y forma. Fuentes internas del tribunal dijeron que los jueces estaban esperando una llamada del presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, para poder emitir su fallo.
Finalmente, a última hora de la tarde llegó el veredicto -denegando la petición de cambiar las medidas de detención-, las familias se reunieron para consolarse mutuamente y denunciar la decisión arbitraria del tribunal. Lejos de estar "apegado a la ley", la sentencia no tenía ningún argumento jurídico sólido para mantener la prisión preventiva, al igual que todas las demás decisiones judiciales de los últimos 26 meses.
Después de cada audiencia para revisar la prisión preventiva, en lugar de fallar inmediatamente -como establece el Código Procesal Penal- los juzgados han tomado un tiempo excesivo para fallar y "recibir la palabra" de arriba antes de emitir su sentencia.
Tras una rueda de prensa con las familias, el Comité Municipal y su equipo jurídico a las puertas del juzgado para denunciar la ilegalidad de la sentencia, todo el mundo se fue a casa. Ahora, los jueces Franklin Marvin Arauz Santos, Ricardo Rodríguez Barahona y Henry Geovany Duarte Zaldivar pintan las familias y el Comité como los que actúan fuera de la ley.
Las familias y el Comité denuncian la participación del Tribunal en una campaña de estigmatización en su contra y de los defensores del agua detenidos y alertan a la comunidad nacional e internacional sobre posibles represalias contra los defensores, sus familias, el Comité y sus simpatizantes por la actuación de mala fe del Juzgado de Trujillo. Se preocupa que el traslado del juicio a La Ceiba sea una acción para poder reprimir y militarizar el Juzgado durante el juicio.
En base a sus actuaciones, el Tribunal de Trujillo no debería conocer el juicio de los Defensores. Denunciamos la confabulación entre el Poder Judicial y Lenir Pérez/Grupo Emco para mantener la detención arbitraria de los defensores, la falta de transparencia y el incumplimiento de las garantías básicas del debido proceso. Exigimos independencia e imparcialidad judicial y que el juicio sea trasladado a una sala adecuada en Tegucigalpa para garantizar la publicidad, la transmisión en vivo y la observación presencial
¡Exigimos #LibertadParaGuapinol son inocentes!